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COMUNICADO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO ENFERMERAS EN EL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

En el día de hoy, 28 de marzo de 2016, han sido publicadas las distintas Bolsas de Trabajo en la categoría Enfermera y para unidades de especiales características, derivadas de la convocatoria realizada por  Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Se trata de unas Bolsas de Trabajo a las que, por fin, les va a resultar de aplicación el ya añejo Pacto suscrito entre el SES y las Organizaciones Sindicales CSI-F, SATSE, SIMEX y USAE allá por el mes de febrero del año 2013 (DOE del 6 de marzo de 2013), es decir, hace más de tres años.

Efectivamente, han transcurrido más de tres de años desde que ese Pacto fuera publicado en el DOE sin que de ello se derivara consecuencia alguna puesto que, hasta el día de la fecha, ha seguido aplicándose el suscrito el 3 de mayo de 2007 y muchas de sus funestas, cuando no oscuras, cláusulas, a pesar de que las Bolsas de Trabajo derivadas del mismo estaban sobradamente caducadas.

Muchos nos seguimos preguntando por qué razón se publicó un Pacto en el DOE cuando se sabía perfectamente que su aplicación era inviable. Con el debido respeto, un Servicio Público de Salud no puede “jugar” con las expectativas de miles de profesionales porque de esa manera, seguro que sin pretenderlo, los está menospreciando.

Con tres años de retraso, pues, se va a aplicar un Pacto que, justo es reconocerlo, mejora al suscrito en 2007. Así, por fin podemos hablar de Bolsas abiertas y permanentes de las que sus integrantes no van a poder ser excluidos a perpetuidad en caso de renuncia injustificada a una oferta de nombramiento; este Pacto de 2013 protege más la maternidad, elimina la previsión de desplazamiento al final de la lista al cumplir el año de trabajo, contempla el encadenamiento de nombramientos de sustitución, etc.

No obstante lo anterior, las Bolsas de Trabajo que hoy se constituyen nacen viciadas de nulidad de pleno derecho porque ese Pacto de 2013 del que derivan discrimina a las Enfermeras (mejor sería decir, a todos los colectivos a los que se aplica).

Es así. El Pacto de 2013 infringe el artículo 23.2 de la Constitución Española porque ignora méritos y dispensa tratamientos que no se compadecen con el principio de igualdad. Y es que se sigue ignorando la experiencia profesional adquirida en centro privados (concertados muchos de ellos) a pesar de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz; siguen sin valorarse cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud ni la formación especializada; y se hace de peor de derecho a quienes redujeron su jornada de trabajo o solicitaron una excedencia para poder cuidar de su familia y a quienes aceptaron nombramientos a tiempo parcial sin posibilidad de mejora.

Tan conscientes son en el SES de tan graves irregularidades que, ante la cascada de reclamaciones de enfermeras, decidieron reunirse el pasado mes de enero con las Organizaciones Sindicales firmantes del Pacto para filtrar a la prensa que habían acordado reconocer la valoración de la experiencia en el sector privado y la formación acreditada por la por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Parece, sin embargo, que el torticero fin de aquella reunión no era otro que el de suavizar el más que comprensible y legítimo enfado del colectivo enfermero, pues lo cierto y verdad es que aquellos supuestos acuerdos que se filtraron a la prensa hace más de dos meses han quedado, como se suele decir, en “agua de borrajas”, con lo que se vuelve a menospreciar a la Profesión sanitaria más numerosa, adelantando lo que sucederá con el resto de colectivos (salvo con el colectivo médico, al que el SES parece dispensarle otro clase de tratamiento).

En nuestra particular opinión, el ámbito Sanitario Público debe ser ejemplar y, desde luego, deja de serlo cuando en su seno se violentan derechos fundamentales, o cuando se generan en su personal expectativas laborales y profesionales que después frustran sus propios gestores. Tampoco parece apropiado que un Servicio Público de Salud “invite” a sus profesionales a promover procedimientos judiciales de forma individual cuando es plenamente consciente de que ha cometido una infracción que atenta contra uno de los principios capitales de la Constitución Española: la cláusula de igualdad.

Quienes trabajan en Sanidad tienen una preocupación que trasciende a todas: los pacientes, por lo que no es razonable que se les obligue continuamente a realizar interpretaciones de normas, pactos, acuerdos, etc, que les distraiga de tan necesario como poco reconocido cometido. De hecho, es obvio que no corresponde a cada profesional negociar de forma individual los Pactos que regulan su relación con el Servicio de Salud. Por ello, con más razón aún, sobre los gestores y quienes ejercen funciones de representación de los intereses de todo el personal quienes pesa la obligación de mostrarse extremadamente prudentes, cautelosos, juiciosos y ejemplares en esa labor negociadora. Porque sus errores, y sus lamentables consecuencias, van a repercutir en quienes ninguna participación ni, por tanto, culpa, tienen en su comisión: los profesionales.

Para contribuir, en la medida de lo posible, a la evitación de situaciones contrarias a Derecho es, entre otras razones, por lo que nace esta Asociación, que, desde ya, invita a todo el personal a canalizar cuantas quejas tengan que ver con el funcionamiento de la Bolsa de Trabajo a fin de trasladarlas al SES y obtener, cuando menos, una respuesta por parte del mismo. Asimismo, esa Asociación se ofrece al SES como vehículo de comunicación con su personal, porque consideramos que muchas de las reclamaciones que se plantean responden a un déficit de información y a una prácticamente nula publicidad de decisiones que tienen una evidente repercusión colectiva. 

La Junta Directiva



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