Lamentablemente, faltar
a la verdad es una práctica normalizada. Si la falsedad no es desmentida (y con
cierta celeridad), se corre el riesgo de que sea asumida, como realidad
irrefutable e inmutable, por la generalidad, sobre todo cuando la fuente es un
político que, además, se sirve de su estatus y de los medios de comunicación
para airearla.
Desconozco si el cargo
público que falta a la verdad es un ávido lector de Platón y su “República” o
de Maquiavelo y “El príncipe” que se ha autoconvencido de que todas sus
mentiras son útiles porque sirven a un fin legítimo mayor (normalmente, su
propio interés). Es posible también que el cargo público en cuestión no sea
consciente de que miente o que, absorto en un ambiente en el que la única certeza
es la patraña, ha llegado a ese estado quijotesco donde una mentira es la más
irrebatible verdad. Desde luego, tampoco descarto -siguiendo la tesis de
Ockham- que sus mentiras respondan a una explicación más sencilla: la
ignorancia, deliberada o involuntaria.
¿A qué viene esta
perorata? La razón son unas recientes y atrevidas declaraciones del Consejero
de Sanidad -Sr. Vergeles- en las que afirma que la OPE de Enfermería está
blindada porque cuenta con el respaldo de un Pacto sindical (noticia). ¡Y
tan ancho que se ha quedado!
¿Tiene razón el Sr.
Vergeles?
Como mi opinión vale lo
que vale, voy a reproducir lo que le respondieron los Juzgados al SES cuando,
para oponerse a las demandas en las que se le reclamaba la valoración de
servicios prestados en el sector privado para las Bolsas de Trabajo enfermeras,
se intentó parapetar -como vuelve a hacer ahora- en un Pacto sindical. Dirá el Juez:
“...es dicho pacto una norma que,
vinculante para las partes firmantes, no puede atacar disposiciones normativas
jerárquicamente superiores, y particularmente los principios
constitucionalmente consagrados de igualdad en el acceso a la función pública o
los de mérito y capacidad...”
Lo que sucedió después
es sabido por todos: a raíz de los pronunciamientos judiciales se produjo una
extraordinaria y legítima movilización del colectivo enfermero, con una
excelente repercusión, que obligó al SES a modificar aquel Pacto de 2013 para
incluir la valoración de la experiencia en el sector privado.
¿En qué mundo vive un
responsable político que insiste en que un Pacto sindical todo lo puede?
Sr. Vergeles: el artículo
9.3 de la Constitución Española reza que la Constitución garantiza -entre otros-
el principio de LEGALIDAD y la JERARQUÍA NORMATIVA...”. Anóteselo.
Es cierto que cuando ostentas un cargo, el que fuera, y, sobre todo, con capacidad decisoria, con cierta experiencia en reuniones con "representantes" de ciertas partes de la sociedad, en vista de las "peticiones" que suelen hacerse, que se hacen previamente, supongo que se consultará con asesores (o no), y ellos deberán informarle como negativo o positivo aquello que se pide. Y si, además, estás convencido de lo que vas a decir, "uno se viene arriba", a sabiendas que su critero va a imperar. Pero es que, en este caso, no se trata de la opinión o el sí de las organizaciones sindicales firmantes, se trata de una decisión por quienes son responsables de impartir justicia, los Tribunales. Luego, aquí no se trata de estar mejor o peor asesorado. Lo ha determinado un Tribunal y usted no puede airear ese criterio, porque se está oponiendo a una decisión de los Tribunales. Precisamente como médico, a él no le agradaría nada que, a la inversa, un Juez le dijera que su "diagnóstico" es erróneo. La altivez tiene los días contados.
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